Paralizada por una resolución judicial se encuentra el polémico proyecto de Hotel Punta Piqueros en la zona costera de la comuna de Concón, iniciativa que ha enfrentado sobrecostos que suman US$ 10 millones.

A pesar de los contratiempos, los dueños del proyecto, ligado según Pulso a los grupos Said, Urenda y Bolocco, dicen que la iniciativa sigue su camino y que no darán pie atrás.

Hay que recordar que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago suspendió el decreto municipal que autorizó el proyecto a través del permiso de edificación, por lo que se ordenó paralizar las obras de la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A.

Actualmente se puede ver que la obra gruesa del edificio está practicamente listo, y las instalaciones globales presentan avances de un 60 por ciento.

El gerente general de la inmobiliaria Punta Piqueros, Ambrosio García Huidobro, dijo a diario Pulso que “No contemplamos abandonar el proyecto. Claramente estas paralizaciones y disputas judiciales, que están afectando a la Región de Valparaíso, son una señal negativa a los emprendedores e inversionistas”.

Según el ejecutivo hoy “se ve de manera incierta la inyección de esfuerzos y de capital; pese a eso, estamos convencidos de estar ejecutando un proyecto de alta calidad y atractivo para nuestro turismo, que es coherente con los planes de desarrollo y la vocación turística de Concón y de la región”.

García Huidobro asegura que “esta obra contó con todos los permisos que se requerían y que incluso, en materias ambientales y de seguridad, superó los estándares de la norma chilena. Y volvemos a sufrir una detención de obras que, aparte de costosa, nos cambia el foco respecto de metas que tenemos como empresa y como país: invertir, desarrollar infraestructura para turismo, crear nuevos empleos”.

La inversión inicial estimada para el proyecto era de US$ 41 millones y hoy se estiman sobrecostos de US$ 10 millones, habiéndose invertido hasta la fecha más del 50 por ciento del total del presupuesto.

Entre los costos que se deben enfrentar debido a la paralización, el ejecutivo señala que hay que “desmontar faenas y equipos sensibles que ya estaban instalados, protección de una obra que hay que cuidar por varios meses, gastos financieros por créditos ya cursados, además del costo de un capital ocioso y el tiempo de detención que implica restarle años de funcionamiento al proyecto. Eso es un lucro cesante significativo”.

Presionando a los grupos que se oponen al proyecto y en una jugada al menos cuestionable, el ejecutivo dice que el impacto de derribar un edificio de hormigón “es tremendo”, alegando que “Es ahí donde hay una enorme incoherencia en la agrupación que ha sido nuestra opositora en este tiempo. Que un grupo que dice estar en defensa de la protección del medio ambiente, proponga una demolición en una construcción emplazada en el borde costero y próxima a un área de manejo de pescadores artesanales (AMERB), no hace ningún sentido. Los impactos que causarían al medioambiente por demoler una obra como ésta serían altísimos. (…) Estos terminarían siendo mucho mayores a los impactos acumulados por construir y operar el proyecto”.

La cadena hotelera InterContinental sigue interesada en operar esta instalación, explicando que “pese a las dificultades que hemos tenido, ellos han mantenido su interés y confianza en el proyecto y nos han brindado un apoyo fundamental”.